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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Social nº 44 de los de Madrid de 21-11-22 ha estimado la demanda rectora del proceso en curso declarando que la demandante tiene derecho a reducir su jornada en un tercio en la concreción horaria en jornada de 5 horas y veinte minutos diarios de lunes a viernes en turno fijo de mañana, de 8:30 a 13:50 horas, "mientras se mantengan las actuales circunstancias y al menos durante 2 años" y declarando que la demandada ha ocasionado un perjuicio a la trabajadora por lo que condena a la empresa a abonarle la cantidad de 1.000€ en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

SEGUNDO.- Discrepando de la resolución judicial de instancia interpone recurso de suplicación la empresa MANUFACTURAS LOEWE SL, destinando el primer motivo, por el cauce de los apartados a), b) y c) del artículo 193 LRJS (LA LEY 19110/2011), a denunciar infracción de derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978), en tanto, y a su juicio, la Sentencia se sustenta en alegaciones nuevas que se introdujeron en el acto de juicio y no en demanda, generándole indefensión; en concreto, prosigue su alegato, se ha introducido como hecho nuevo que el cónyuge de la actora, presta servicios como bombero en la Comunidad de Madrid, cuando, de una lectura pormenorizada de la demanda, nada se argumenta con respecto a la imposibilidad de que el cónyuge de la actora, hijo de la persona que daría el derecho a la solicitud por reducción de jornada, no pueda hacerse cargo de ella; que se han de reponer los autos al estado en el que se encontraban por cuanto la Sentencia también vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el art.24.2 CE (LA LEY 2500/1978) por infracción de lo dispuesto en los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (LA LEY 58/2000) y 97.2 LRJS (LA LEY 19110/2011), pues el fallo de la sentencia no se corresponde con los argumentos jurídicos que lo sustentan, ya que las sentencias referidas en la resolución judicial aquí impugnada hacen referencia a procedimientos de conciliación de vida laboral y familiar en los que se solicita una reducción de jornada por cuidado de hijo, y no a reducción de jornada por cuidado de familiar de primer grado de afinidad, existiendo por ello una incongruencia interna de la misma, a lo que se añade que en la demanda no se dice en base a qué criterios se solicitan los daños por los que se le condena en la resolución judicial que recurre, incurriendo en una incongruencia extra petitum, más si cabe cuando la misma falla que la actora tiene derecho a la reducción de jornada "mientras se mantengan las actuales circunstancias y al menos durante 2 años"; que la Sentencia contraviene lo dispuesto en los artículos 97.2 (LA LEY 58/2000) y 218.2 LEC (LA LEY 58/2000) por falta de motivación expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, por lo que solicita su nulidad.

TERCERO.- Antes de abordar la situación que se presenta en el supuesto enjuiciado conviene realizar algunas observaciones de carácter general sobre la congruencia y deber de motivación de las sentencias, así como de su nulidad.

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional la relativa a que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación: a) queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión, por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que "la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 (LA LEY 66858-NS/0000) ; 64/86 (LA LEY 74217-NS/0000) ; 89/86 (LA LEY 11175-JF/0000) ; 12/87 (LA LEY 85615-NS/0000) ; 171/91 (LA LEY 972-JF/0000) y ATC 190/83 (LA LEY 165/1983) ; c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( SSTC 215/89 (LA LEY 1410-TC/1990) y 15.2.93 ) y que para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" (STC 124/94 (LA LEY 17154/1994) ).

Y sobre la incongruencia recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta de 23 de julio de 2020 (recud.1418/2020 (LA LEY 167452/2020)) que "la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC (LA LEY 58/2000) cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" (STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 (LA LEY 11841/1993), con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro.

Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y ''petitum "-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 (LA LEY 257/2000) y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005 (LA LEY 145270/2006))."

En cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales no sólo viene impuesta por el art. 120.3 sino que es una exigencia derivada del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) que tiene el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los recursos, a la par que está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho [art. 1.1 CE (LA LEY 2500/1978)] y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, y que en todo caso es garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente, ya que en tal caso la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (sobre tales extremos, SSTC 24/1990, de 15/Febrero (LA LEY 609/1990), FJ 4 ; ... 3/2011, de 14/Febrero, FJ 3 ; y 183/2011, de 21/Noviembre (LA LEY 239501/2011) , FJ 5. SSTS 18/11/10 (LA LEY 208984/2010) -reo 48/10 -; 23/11/12 -reo 104/11 -; y 21/10/13 -reo 104/10 -).

Pero la exigencia se cumple cuando, como en el caso presente, se expresan los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, poniendo así de manifiesto la ratio decidendi del fallo judicial y permitiendo conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión jurisdiccional (SSTC 196/1988, de 24/Octubre (LA LEY 2084/1988), F. 2 ; ... 172/2004, de 18/Octubre, FJ 3 ; y 247/2006, de 24/Julio (LA LEY 88100/2006). En todo caso, es consolidada doctrina -constitucional y ordinaria- que resulta indiferente la extensión de la motivación, pues el deber de motivación «no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión» ( SSTC 14/1991, de 28/Enero (LA LEY 1638-TC/1991); ... 66/1996, de 16/Abril (LA LEY 4927/1996), FJ 5 ; 115/1996, de 25/Junio (LA LEY 7224/1996), FJ 2; y 184/1998, de 28/Septiembre, FJ 2. Y STS 21/10/13 (LA LEY 170109/2013) -reo 104/12 -), de manera que la motivación no está necesariamente reñida con el laconismo y la economía de los razonamientos, sin que sea necesaria la exhaustiva descripción del proceso intelectual ni la pormenorizada respuesta a las alegaciones de las partes, porque no obliga al « paralelismo servil del razonamiento que sirve de fundamento a la resolución judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses donde se contienen las alegaciones de los litigantes» (sobre todo ello, SSTC 36/1989, de 14/Febrero (LA LEY 116664-NS/0000), FJ 4 ; ... 160/2009, de 29/Junio (LA LEY 119834/2009), FJ 6 ; y 3/2011, de 14/Febrero , FJ 3. SSTS 30/09/03 (LA LEY 151467/2003) -reo 88/02 ; ... 16/12/09 - reo 7209-; 15/07/10 -reo 219/09 -; y 21/10/13 -reo 104/12 -).

CUARTO.- Dicho esto, no acompaña la razón a la empresa en lo que se refiere a que se haya introducido como hecho nuevo en la sentencia, respecto a los anunciados en la demanda, el cónyuge de la actora , que presta servicios como bombero en la Comunidad de Madrid, no pueda dedicarse a al cuidado de su madre, bastando con remitimos al hecho cuarto de la demanda para advertir que ello no es así:

"La solicitud de la actora debe ser atendida ya que es la única manera de que pueda conciliar su vida familiar y laboral, cuidar de esta persona, pues en la actualidad, no tiene ningún familiar que se pueda hacer cargo de su suegra (...) nacida en 1948".

Ninguna indefensión se le ha producido a la empresa por el hecho de que, en el acto de juicio, y en el hecho probado tercero de la sentencia, se haya introducido que el esposo de la actora, que presta servicios como bombero en la Comunidad de Madrid, con turnos de 24 horas y guardias cada 2 días, tiene dificultades para atender a su madre y que por ello ha de ser su esposa, la actora, la que ha de conciliar la vida laboral y familiar.

La empresa no puede pretender que, a la hora de reconocer el derecho de la persona trabajadora -sea el del 34.8 sea el del 37.6 ET-, se entre a analizar cómo esta organiza el cuidado del hijo/a o familiar con su cónyuge o pareja, o en su caso con otras personas de la familia (los abuelos). Sería permitir a la empresa, como se ha señalado por autorizada doctrina judicial, la intromisión en la vida privada de matrimonios y parejas, convirtiéndola en una suerte de guardián de la corresponsabilidad (ni, por derivación, ello se debe permitir a los Juzgados de lo Social). Lo que no impide -obviamente- que las dificultades del otro progenitor para conciliar en términos compatibles con el trabajo de la persona trabajadora solicitante puedan ser alegadas por esta para justificar la razón de su derecho.

La sentencia recurrida, por lo demás, aparece debidamente motivada expresando las razones que determinan los criterios que sirven de fundamento a su decisión, y, por otra parte, no es incongruente cuando fija el importe de la indemnización por los daños producidos al no concederse la reducción de jornada solicitada, en tanto y en cuanto los parámetros venían delimitados en la propia demanda que se expresaba en este punto así:

" (...) la negativa o limitación empresarial al disfrute del derecho a la conciliación laboral y familiar cuando no existen razones justificadas puede generar daños que, de ser reclamados, han de ser resarcidos. Y en cuanto a la cuantía de la indemnización, entienden los tribunales que la cantidad de 3.125 euros debe considerarse desde luego proporcionada. Y esto es así en atención a la demora (durante varios meses) en la efectividad de la medida por la injustificada negativa empresarial a aceptarla, en conexión con la LISOS - art 7.5 y 40.1.b , que es un referente objetivo y razonable convalidado por el Tribunal Constitucional (sent. nº 247/2006 de 24 de julio (LA LEY 88100/2006))".

Consecuentemente, y partiendo de estas bases, no es incongruente la sentencia recurrida, ni da más de lo pedido, cuando argumenta que:

"(...) la demandante acredita que la negativa de la empresa a la reducción solicitada, le ha obligado a incorporarse al puesto de trabajo con jornada completa y, además, tener que acudir a un abogado e interponer la correspondiente demanda judicial y ello le ha producido daños y perjuicios, dada la imposibilidad de atender correctamente al familiar necesitado de su cuidado, así como las derivadas de tener que acudir a la vía judicial para su reconocimiento. Es evidente, ante la falta de una mínima razonabilidad y certeza en la oposición efectuada por la empresa demandada que, sin acreditar perjuicios u obstáculos, se ha opuesto a atender el derecho, que no ha ofrecido ningún tipo de opción alternativa a la propuesta, demorando la respuesta a la solicitud desde el mes de septiembre y mantener su negativa, tras la incorporación de la actora, y hasta la celebración del acto de juicio, con los evidentes perjuicios para la conciliación de la vida familiar y laboral. Por lo que procede fijar en concepto de indemnización por los daños ocasionados, el perjuicio derivado de la necesidad, en todo caso, de contratar a otra persona en las semanas en que la demandante ha trabajado en turno completo y dado el tiempo transcurrido de más de un mes, la condena en la cantidad de 1.000€".

En lo que si tiene razón la empresa es que la sentencia recurrida incurre en incongruencia extra petita cuando fija la reducción de jornada "al menos durante 2 años".

Si vamos al petitum de la demanda este era del tenor literal siguiente:

" (...) dicte Sentencia por la que, con estimación de la demanda, concrete el disfrute horario de la reducción solicitada en la jornada diaria de 5 horas y veinte minutos que constituye 1/3 de la habitual; además se condene a los daños y perjuicios generados 3125 euros, condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, con todo cuanto más proceda en Derecho".

En su consecuencia deberá suprimirse del fallo de la sentencia la mención a "al menos durante 2 años", pero sin necesidad de anularla reponiendo las actuaciones, dado que el artículo 202.2 LRJS (LA LEY 19110/2011) faculta a la Sala a que "Si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate".

Con los matices antes expuestos el primer motivo se estima en parte.

QUINTO.- En la rúbrica del motivo dedicado a la censura jurídica, y con carácter subsidiario al precedente, denuncia infracción del artículo 37.6 ET (LA LEY 16117/2015) y de la STSJ de La Rioja nº 121/2005, de 2 junio (LA LEY 124450/2005), por considerar que la actora no tiene derecho a la reducción de jornada por cuidado de familiar de primer grado de afinidad, dado, y en su opinión, no se acredita (i) que la suegra esté a cargo directo de la actora; (ii) que no pueda valerse por sí misma; que el único requisito que cumple es que no ejerza actividad retribuida, y ello por sí solo no da derecho a que la actora pueda reducirse la jornada.

Conforme determina el artículo 37.6 ET (LA LEY 16117/2015):

"Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida".

Hacer notar que conforme al artículo 55 f) del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia, aplicable en la empresa demandada:

"Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada, con la disminución proporcional del salario, entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. La reducción de la jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual. No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este mismo derecho por el mismo sujeto causante, la Dirección de la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa".

SEXTO.- Pues bien, ha quedado acreditado (hecho probado sexto) que Doña (...) suegra de la actora, nacida el 00/00/00, es beneficiaria de una prestación no contributiva de jubilación por importe de 420€ mensuales y consta empadronada en C/ (...) de la localidad de (...) (Madrid); la actora está empadronada en la C/ (...) de la misma localidad de (...) (Madrid), a escasos 2,5 km, de su suegra; la (...) de 74 años de edad, tiene un diagnóstico de artralgia degenerativa, habiendo sido intervenida de prótesis de rodilla derecha el 27 de mayo de 2022 y pendiente de la realización de otra en la rodilla izquierda. En informe de 29 de julio de 2022, se acredita la impotencia funcional secundaria a la artroplastia total cementada de rodilla derecha y dificultad para la deambulación, precisando apoyo en domicilio para actividades básicas de la vida diaria; no puede ducharse sola, ni cocinar, ni vestirse, ni salir a la calle sola, lo que es tanto corno entender que no puede valerse por sí misma, que es el presupuesto legal, y cuando no es atendida por su nuera, lo es por una vecina.

En el caso enjuiciado consta probado que la actora es madre de 2 hijas, tenía reconocida la reducción y concreción horaria con base en el art. 37.6 por cuidado de menor hasta el 25 de octubre de 2021 y desde el 26/10/2021 hasta el 25/10/2022 el derecho a la reducción y concreción horaria lo fue por aplicación del Plan de Igualdad, que reconoce la prórroga por un año más, tras cumplir el menor la edad de 12 años. Antes de la finalización del derecho reconocido, ha solicitado la reducción y concreción horaria en las mismas condiciones que venía disfrutando, pero esta vez por "Cuidado de un Familiar", en concreto de su suegra, doña (...).

También se ha acreditado que la actora es la única persona de la familia que puede atender al cuidado de su suegra; a lo que se añade no se justifican las causas de la denegación de la reducción de la jornada y concreción horaria por la empresa demandada, tan es así no se alegan ni acreditan causas organizativas, productivas o de producción para denegar el derecho a la reducción. Por el contrario, se acredita que la actora viene realizando dicha reducción y concreción horaria durante más de 12 años, sin que ello afecte a la producción o necesidades organizativas de la empresa, ni que le produzca desajuste alguno.

Lo primero que cabe destacar es que nos encontramos ante el ejercicio de un derecho de conciliación que, tal y como el TC ha considerado (STC 3/2007, de 15 de enero (LA LEY 12/2007)), tiene una dimensión constitucional que implica que tanto el derecho a la no discriminación por razón de sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)) como el mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE (LA LEY 2500/1978)) deben prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar. De este modo, los órganos jurisdiccionales cuando entren a resolver conflictos relacionados con el ejercicio de estos derechos, no pueden situarse exclusivamente en el ámbito de la legalidad ordinaria, sino que han de ponderar los derechos fundamentales en juego; lo que les obliga a valorar las concretas circunstancias personales y familiares que la persona trabajadora alegue y la organización del tiempo de trabajo en la empresa, a fin de ponderar ambos elementos para determinar si existe o no un obstáculo injustificado para la compatibilidad de su vida familiar y profesional (STC 26/2011, de 14 de marzo (LA LEY 6062/2011)).

Se cumplen en el caso presente con los presupuestos del artículo 37.6 ET (LA LEY 16117/2015) y 55 f) del Convenio colectivo para que la empresa demandada hubiera accedido a la pretensión de la reducción de jornada en tanto y en cuanto la suegra de la actora, que no puede valerse por sí misma para los actos más esenciales de su vida, precisa de la atención y cuidados de la trabajadora demandante, sin que concurran, pues ni tan siquiera se aducen, razones objetivas de índole organizativa o productiva que impidan el reconocimiento del derecho de la trabajadora a la reducción de jornada, no contemplado la STSJ de la Rioja invocada el mismo caso aquí analizado, aparte de no constituir jurisprudencia a los efectos del apartado c) del artículo 193 LRJS (LA LEY 19110/2011). Solo de las resoluciones del Tribunal Supremo es predicable su condición de jurisprudencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.6, del Código Civil. Citaremos, en ese sentido, las sentencias de la Sala de lo Social del TS, de 11-10-2001, rec. 344/2001 (LA LEY 1595/2002) y 24-11-2015, rec. 298/2014 (LA LEY 204765/2015), y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también del TS, las de 18-7-2013, rec. 2235/10 (LA LEY 120199/2013), 5-12-2013, rec 4825/10 (LA LEY 191181/2013) y 26-12-2013, rec. 2315/2012 (LA LEY 223428/2013). Lo cual, no obstante y matizamos, es extensible y asimilable a las sentencias del Tribunal Constitucional (TCo), de acuerdo a los nums. 1 y 4, del art. 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985)-resolución 300/2006, por ejemplo-; y a las del TJUE, en consonancia a la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre (LA LEY 2624/2004), del mentado TCo. Por tanto, no puede ser invocada con esa finalidad la doctrina elaborada por los diversos Tribunales Superiores de Justicia, en este caso de lo Social-STS 2-4-2018, rec. 27/2017 (LA LEY 39836/2018) y 9-12-2021 (LA LEY 250177/2021), rec. 3340/2019-.

SÉPTIMO.- Por lo razonado se impone estimar el recurso en parte a los únicos y exclusivos efectos de suprimir del fallo de la sentencia recurrida la locución "y al menos durante dos años", confirmando el resto de sus pronunciamientos, sin que haya lugar a condena en costas (art. 235 LRJS (LA LEY 19110/2011)), y con devolución del depósito para recurrir a la empresa (art. 203 .3 LRJS (LA LEY 19110/2011)).

Vistos los preceptos citados,