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Primero. Contra la sentencia de instancia, que estimó parcialmente la demanda en reclamación de complemento de maternidad (por aportación demográfica) en pensión de jubilación por un varón desde la fecha de efectos de la misma con alegación de vulneración de derechos fundamentales y solicitud de indemnización adicional, recurre en suplicación el demandante en diversos motivos al amparo del artículo 193 c) de la LRJS (LA LEY 19110/2011), esto es, en el campo exclusivo de la censura jurídica. El fallo de la sentencia recurrida fue del siguiente tenor:

"Que estimando en parte la demanda interpuesta por D. Gines frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con intervención del Ministerio Fiscal, habiéndose vulnerado el derecho a la no discriminación por razón de sexo del actor, se declara que tiene derecho a que se le reconozca el complemento por maternidad en su pensión de jubilación a razón del 10% de su cuantía inicial, condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración y al INSS al abono del complemento correspondiente desde el 01.07.2020."

Segundo. Los dos primeros motivos del recurso insisten en la solicitud planteada en la instancia de que se reconozca una indemnización adicional al recurrente por la denegación en vía administrativa del complemento interesado y que debe de ser reparadora (incluidos los daños morales) y disuasoria . Dicha pretensión debe de resolverse conforme a la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023, C- 113/22 (LA LEY 206264/2023) que en su parte dispositiva estableció:

" En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

LaDirectiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 (LA LEY 2408/1978), relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, y, en particular, su artículo 6

deben interpretarse en el sentido de que,

tratándose de una solicitud de concesión de un complemento de pensión, presentada por un afiliado de sexo masculino, que ha sido denegada por la autoridad competente en virtud de una norma nacional que reserva la concesión de dicho complemento a las afiliadas de sexo femenino, y dándose la circunstancia de que esa norma constituye una discriminación directa por razón de sexo en el sentido de la Directiva 79/7 , tal como fue interpretada por el Tribunal de Justicia en una sentencia prejudicial dictada con anterioridad a la resolución denegatoria de la solicitud en cuestión, el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de una demanda presentada frente a esa resolución denegatoria, debe ordenar a dicha autoridad no solo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial, en caso de que la resolución denegatoria se haya adoptado de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial."

En consecuencia, aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa esta pretensión va a prosperar en el sentido de condenar al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a que abonen al recurrente una indemnización de 1000 euros, que estimamos razonable y disuasoria toda vez la condena habitual en costas por honorarios que efectúa la Sala de 500 euros, encontrándose incluida en aquella cuantía la correspondiente por daños morales.

Finalmente decir que la sentencia del Tribunal Supremo 17 de mayo de 2023,RUD 2222/2022, en esta concreta materia que nos ocupa ha de entenderse superada por la del TJUE a la que nos hemos referido.

Tercero. El tercer y último motivo del recurso, aunque en el ordinal del escrito de formalización figure como cuarto, se refiere al abono de intereses en relación al complemento reconocido. A este respecto la Sala no puede sino coincidir con lo que en este punto se afirma en la sentencia recurrida en el sentido que:

" Por lo que se refiere al petitum de intereses, toda vez que tratándose de una Administración Pública en el ejercicio de sus competencias su obligación de pago ha de partir del reconocimiento de deuda o de una resolución judicial, ha de estarse a lo prevenido en elartículo 24 de la Ley General Presupuestaria (LA LEY 1781/2003) (Ley 47/2003, de 26 de noviembre (LA LEY 1781/2003)), también aplicable a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social ( SS.TS.-4ª- de 04.11.1997 , 02.07.2002 y 10.06.2003 ), y 287.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) en fase de ejecución, normativa incardinable en el llamado orden público procesal y de carácter imperativo."

Por tanto, al no proceder el abono de intereses en los términos solicitados el recurso se va a estimar parcialmente.

Por lo expuesto y,

EN NOMBRE DEL REY