Autores: Raquel CASTILLEJO MANZANARES (Director) M.ª Ángeles CATALINA BENAVENTE (Coordinadora)
Edición: Editorial LA LEY, Madrid, 2011, 704 páginas.
La obra que nos proponemos recensionar dirigida por la Catedrática del Área de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, Raquel CASTILLEJO MANZANARES, constituye un buen ejemplo de lo que para nosotros debe ser un principio imprescindible de la investigación universitaria en la actualidad. Y es que la publicación, extensa y densa por momentos, aglutina entre los autores no solo a teóricos, sino también a prácticos de una notable trayectoria que aportan a la obra una consistencia no sólo intelectual sino también empírica, más que considerable. Buena prueba de ello es que de entre la nómina de participantes amplia y multidisciplinar, podemos encontrar una miscelánea de psicólogos, juristas, etc.
La publicación se estructura en diecinueve capítulos. Comenzando por los dos primeros, es necesario destacar que tanto LORENTE ACOSTA -«Juventud, identidad y violencia de género»-, como GONZÁLEZ GARCÍA -«Amor, género y violencia de género»-, abordan las construcciones más relevantes -centrales y periféricas-, en relación a la violencia de género. La obra se inicia con una inequívoca voluntad pedagógica al introducir en el discurso jurídico conceptos que en la mayor parte, y en el mejor de los casos, pasan desapercibidos para los juristas. En el peor, los operadores jurídicos arrastran a su actividad como actores del sistema de justicia, los prejuicios del conjunto de la sociedad. Por eso no se puede sino comenzar felicitando no solo la estructuración de la obra, sino también el ánimo clarificador de estos primeros capítulos, donde se desarrolla una auténtica tarea de socialización intelectual en los valores propios de la igualdad y lucha contra la violencia de género.
La parte jurídica es inaugurada por la Directora de la obra que analiza en el capítulo tercero los problemas derivados de la aplicación de la actual Ley integral, algunos de ellos destacados de manera insistente por la doctrina (ámbito subjetivo de aplicación de la ley integral de violencia de género, valor de la declaración vertida en la instrucción, etc.) Compartimos con la autora la reflexión de que es preciso reconsiderar el signo represivo de la ley integral, y apostar por estrategias de intervención fundamentadas en un modelo de empoderamiento que apoye activamente el derecho de las víctimas a tomar sus propias decisiones, todo esto, dentro de los fines del sistema de justicia penal.
Pilar FERNÁNDEZ PÉREZ, Fiscal de carrera, se pregunta en el capítulo cuarto –«Legitimación de la intervención punitiva frente a la violencia contra la mujer. Posibles soluciones frente al automatismo normativo»-, acerca del tratamiento jurídico de los supuestos de hecho de violencia de género. Para la autora las víctimas demandan una solución individualizada, adaptada a una realidad, la suya, de la que no se debería prescindir. Cualquiera otro sentido en el análisis, acabaría por agravar el problema de aquellas personas que requieren la intervención del sistema. Justamente por esto, FERNÁNDEZ PÉREZ centra buena parte de su crítica en las opciones legales basadas en soluciones que pecan de un cierto automatismo.
En el quinto capítulo, «El régimen jurídico-penal de la violencia de género: algunas consideraciones críticas», VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, valora negativamente el hecho de que la LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004), -a pesar de que nominalmente apueste por abordar el fenómeno desde una perspectiva integral-, potencie fundamentalmente la vía judicial. Entre los aspectos más controvertidos del articulado de la citada Ley, está el hecho de que la perspectiva de género no fuera integrada en delitos tales como los de asesinato, homicidio, delitos contra la libertad sexual, etc. El autor aplica en definitiva, un tamiz crítico sobre los diversos aspectos penales polémicos para la generalidad de la doctrina, especialmente en lo relativo a la vigencia de los principios de igualdad y de proporcionalidad.
Juan Cástor VÁZQUEZ SALGADO trata en el capítulo sexto los diversos «Protocolos de actuación policial ante la violencia de género». Mucho se ha escrito acerca de la necesaria coordinación, no solo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también de todos los operadores que participan de modo más o menos directo en la lucha contra la violencia de género. El autor, Inspector-Jefe de la Brigada Local de la Policía Judicial de Santiago de Compostela, conocedor práctico de la materia, desglosa a lo largo del capítulo, varios de los aspectos que afectan a las unidades policiales en relación a la violencia de género, aportando una lectura eminentemente empírica y no carente de crítica. Entre las cuestiones sometidas a esa crítica, centramos nuestro interés en los procesos intensificadores de la victimización de la mujer, derivados de cuestiones tales como la falta de espacios habilitados para las víctimas, la falta de recursos de acogida de emergencia, la cada vez más extendida percepción de que la mujer emplea contra el varón la acusación de violencia de género, etc. A todo esto, hay que sumar –a juicio del autor-, la ausencia de formación específica del personal no especializado en la materia, que es el que por lo general atiende inicialmente a las mujeres maltratadas. A pesar de la existencia de protocolos que revelan el ánimo de lograr la mayor de las coordinaciones posibles, lo cierto es que aún hoy existe un gran desconocimiento en relación a los recursos existentes, de modo tal que se acaba lastrando buena parte de las posibilidades para las mujeres-víctimas.
En los capítulos séptimo y octavo, Araceli MANJÓN-CABEZA OLMEDA y María Jesús SANDE MAYO abordan una de las cuestiones más polémicas de la actual regulación legal de los aspectos vinculados a la materia de género. En relación a la prohibición de aproximación se señala que el automatismo de la imposición impide valorar las circunstancias concurrentes, los intereses familiares o la propia voluntad de la víctima. Esta imposición hace casi imposible mediar en casos de violencia de género –más allá de la prohibición establecida en la LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004)-, no obstante, con el objeto de salvar esta situación, se ha apuntado la posibilidad de recurrir a la mediación indirecta para estos supuestos.
En el capítulo noveno, «La orden europea de protección: realidad o ilusión», OUBIÑA BARBOLLA, analiza el contenido de la citada regulación, en la consideración de que puede jugar un papel importante como nueva herramienta de cooperación jurídica a nivel de la Unión Europea. Las realidades análogas en los distintos estados del espacio comunitario, y la relevancia político-social que el fenómeno de la violencia de género ha adquirido en las últimas décadas, hace que –a pesar de que los obstáculos iniciales, motivados en muy buena medida por estar insertos en una época convulsa de la Unión Europea-, ésta sea una vía prolífica en la que profundizar.
María Ángeles CATALINA BENAVENTE, trata en «La denuncia en los casos de violencia de género» –capítulo décimo-, una cuestión ciertamente relevante al abrigo de lo que en la actualidad forma parte del imaginario colectivo de la sociedad del Estado español. Muchas han sido las campañas de sensibilización, que desde las diferentes administraciones, se han desarrollado en los últimos años con objeto de concienciar a la ciudadanía acerca de la necesidad de denunciar la violencia de género para poder combatirla. Lo cierto es que veníamos de una cultura en la que gran parte de la violencia en el ámbito de la pareja resultaba absolutamente opaca a los poderes públicos. Era una violencia existente pero invisible. De esa situación de partida se basculó con virulencia hacia el otro polo, pasando en poco tiempo de la idea de que la violencia en el seno de la pareja era algo privado, a la exigencia a la sociedad de que denuncie siempre y en todo caso cualquier manifestación de violencia de género.
El capítulo undécimo versa acerca de la prueba en los procesos de violencia de género. Y es que la mayor parte de los delitos subsumibles bajo el paraguas de la violencia de género tienen lugar en el ámbito doméstico, cuestión esta que hace que en muchas ocasiones resulte muy difícil probar los hechos denunciados. En palabras del autor, ETXEBERRÍA GURIDI, más allá de los obstáculos generales, «los delitos de violencia de género plantean desde la perspectiva de la actividad probatoria necesaria para desvirtuar la a presunción de inocencia, una problemática propia y particular». La especial forma comisiva de este tipo de delitos –amparados por la privacidad-, hace que en muy buena medida el material de lo que se dispone para enervar la citada presunción de inocencia provenga de la propia mujer-víctima o de los niños memores co-habitantes que en muchas ocasiones también son víctimas del agresor. Y todo ello a pesar de que, la inclusión en el ámbito de protección de la Ley Integral de las mujeres-víctimas unidas a su agresor por análoga relación de afectividad a la del matrimonio «aun sin convivencia», ha cambiado parcialmente esta tendencia.
Patricia FARALDO CABANA, analiza en su contribución las peculiaridades de las alternativas a la privación de la libertad para condenados por violencia de género, tras los cambios introducidos por varias Leyes Orgánicas, en especial después de la aprobación de la LO 5/2010, de 22 de junio (LA LEY 13038/2010), por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre (LA LEY 3996/1995), del Código Penal. A juicio de la autora se ha fracasado a la hora de abordar la problemática de la violencia de género, al apostar por una visión basada fundamentalmente en la acción de la Administración de Justicia. En esta línea considera que se debería –en el momento de adoptar las medidas cautelares, penas, etc.-, introducir mecanismos más maleables, y por tanto más adaptables al caso siempre en atención a la propia singularidad del supuesto, esto es, a los trazos fundamentales que posibilitan diferenciar la especificidad de la violencia en cuestión.
Con el capítulo decimotercero, el firmado por BARONA VILAR, se inaugura la segunda parte de la obra que centra nuestro interés. Así, con «El movimiento de las ADR en el Derecho Comparado», comienza la publicación a girar cara el otro polo de gravedad, el vinculado a la resolución alternativa de conflictos. Si antes se hablaba de aquellos aspectos polémicos en relación a la violencia de género, ahora, en esta segunda parte, los diversos autores sitúan su punto de mira dentro del marco de la Justicia Restaurativa, mecanismos ADR, etc.
BARONA VILAR aporta en su colaboración un marco teórico general acerca del surgimiento de las ADR, y su incorporación al ordenamiento jurídico español. Lejos de lo que puede parecer, en las últimas décadas se ha producido en el Estado español una notable evolución de los métodos de resolución de conflictos no jurisdiccionales (Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje, etc.), motivada en muy buena medida por influencia de diversas corrientes de pensamiento procedentes del extranjero.
Recogiendo el guante de BARONA VILAR, QUINTERO OLIVARES, nos ofrece en el capítulo decimocuarto un resumen panorámico de la mediación y de la conciliación en el sistema penal español, para proceder acto seguido a analizar las posibilidades que se abren en el futuro más próximo. Más en concreto, QUINTERO OLIVARES destaca que reconociéndole a la mediación y a la conciliación innegables ventajas –en la línea de evitar en lo posible la represión y de priorizar la satisfacción del ofendido-, lo cierto es que la vigencia del nullum crime sine poena hace que surjan dificultades. Además de los problemas técnicos en la implementación de estas figuras, es necesario destacar también que las tendencias en política criminal no son las más favorables, dados los nuevos impulsos de cuestiones tales como la apología del defensismo social, etc.
El capítulo decimoquinto examina la posibilidad de establecer un método colaborativo para afrontar los procesos de divorcio. La realidad en el marco de los países desarrollados certifica que las crisis matrimoniales son abordadas en la mayor parte de los casos desde una perspectiva contenciosa, con todo lo que esto significa no solo en el plano emocional para las partes, sino también para los terceros integrantes de la unidad familiar afectados por la disolución de la pareja. Este cariz litigioso determina la reflexión de LOREDO COLUNGA, en el sentido de defender el método colaborativo en el marco da autocomposición como un sistema con ventajas tales como: mayor implicación de las partes en la resolución del conflicto, búsqueda de una resolución consensuada que satisfaga a todos los implicados, etc.
Los capítulos decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo abordan desde diferentes perspectivas la mediación en el ámbito familiar. Nos detendremos en el primero de los capítulos señalados por tratar una de las cuestiones que en la actualidad genera más controversia, en concreto, la posibilidad de mediar en supuestos en los que la violencia de género está presente. En este sentido las autoras, ALONSO SALGADO e TORRADO TARRÍO, se manifiestan favorables a tal posibilidad bajo determinadas circunstancias, para de este modo minimizar los efectos de la victimización, empoderando a la víctima y posibilitando una resolución del conflicto que satisfaga no solo los fines generales del sistema de justicia penal, sino también y muy especialmente a la víctima, al tiempo que favorezca la reinserción del victimario.
Finaliza la publicación con el capítulo «Mediación, secuestro internacional de menores y violencia de género», en el que REQUEJO ISIDRO –entre otras cuestiones-, valora elementos positivos de la mediación para este tipo de conflictos transfronterizos, máxime en aquellos supuestos en los que los instrumentos públicos de cooperación entre Estados no existen, o existiendo, fracasan. No obstante, la autora también manifiesta sus dudas fundamentadas básicamente en torno a la posibilidad de mediar en aquellas situaciones en las que la violencia está presente.
La obra –extensísima-, nos ofrece una panorámica general en torno a dos ejes fundamentales: la violencia de género y la resolución alternativa de conflictos. La excesiva heterogeneidad de temas y de enfoques hace que la obra pierda un ápice de coherencia interna. Por el contrario, en sana contraprestación, Violencia de Género, Justicia restaurativa y mediación, nos ofrece un magnífico reparto de autores que centran su análisis, como decíamos, en el estudio de dos ejes gravitacionales. El primero de ellos pretende -en relación al polo «resolución alternativa de conflictos»- debatir acerca da paulatina implantación de mecanismos ADR, grosso modo, en el ordenamiento jurídico español. El segundo, el relativo a la violencia de género, le ofrece al lector el resultado de una reflexión colectiva, el trasunto o intrahistoria de la violencia de género. Y es que si es lugar común que la violencia contra las mujeres viene determinada por causas estructurales, únicamente podrá ser superada una vez se remuevan esas estructuras de poder. La juridificación del fenómeno resulta cara en todos los sentidos. Es tiempo pues, de valorar si se apuesta por una política criminal populista, victimizadora, etc., o por una que reserve el Derecho Penal, para ese resbaladizo espacio, tan citado, tan falsamente proclamado, de ultima ratio.
Cristina ALONSO SALGADO
Becaria FPI. Área de Derecho Procesal
Universidad de Santiago de Compostela