Litigación penal, 2ª edición. Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria y Sara Díez Riaza (Directores)
- 5-12-2019 | Wolters Kluwer
- Visión sistemática y actual del proceso penal. Una herramienta de consulta extraordinariamente útil que traza el procedimiento penal de forma integral y minuciosamente detallada, contemplando todas las variables procesales que pueden concurrir en un proceso de esta naturaleza. Todo ello a cargo de abogados penalistas y procesalistas de reconocido prestigio. Esta segunda edición ofrece esa sistemática actualizada con todos los contenidos legislativos y jurisprudenciales que han continuado transformando el procedimiento penal.
Litigación penal es una obra colectiva que armoniza las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos procesalistas conformando una estructura sistémica del proceso penal a través de su trazabilidad. El seguimiento editorial de la primera edición ha confirmado su precisa utilidad para profesionales con gran experiencia en el proceso penal, al disponer concentradas y actualizadas las referencias legales y jurisprudenciales europeas y españolas en un área en continua evolución; directores de equipos de abogados procesalistas, como herramienta para garantizar la calidad técnica de sus miembros; docentes, quienes habrían encontrado una ágil y modulable herramienta para la transmisión del conocimiento del proceso penal; y profesionales y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes permite acelerar su generación de valor al frente de juzgados y despachos y ante clientes.
Esta segunda edición ofrece esa sistemática actualizada con todos los contenidos legislativos y jurisprudenciales (europeos y españoles) que han continuado transformando el procedimiento penal como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros, de 17 de octubre de 2019, reguladora de la videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE (Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018 (LA LEY 160554/2018), sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales en procesos extradicionales; las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) y sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani) respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre (LA LEY 139454/2019) (Sentencia del procés); el Reglamento (UE) 2018/1805 (LA LEY 18808/2018) sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018 de 5 de diciembre (LA LEY 19303/2018) (PDPYGDD); la Ley 3/2018 reguladora de la Orden Europea de Investigación, o el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
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